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La plataforma de alojamiento Airbnb ha presentado un amparo contra la Ley de Turismo de la Ciudad de México y su Reglamento, el argumento: que las restricciones impuestas al servicio de alojamiento temporal afectan a los anfitriones locales y no contribuyen a resolver la crisis de vivienda.
La normativa aprobada en octubre de 2024 limita la cantidad de noches que se puede rentar una vivienda de alojamiento temporal a un máximo del 50% de las noches del año, con el objetivo de evitar que el modelo de negocio que trajo consigo el auge de las plataformas digitales reduzca la disponibilidad de vivienda para los residentes. Sin embargo, Airbnb sostiene que la medida fue aprobada sin una consulta inclusiva y que beneficia de manera desproporcionada a la industria hotelera.
Según la empresa, experiencias en otras ciudades como Nueva York, Edimburgo y Barcelona han demostrado que restricciones similares no han reducido los precios de renta a largo plazo ni mejorado la oferta de vivienda. Al contrario, argumentan que estas medidas han generado un mercado negro y encarecido los costos de hospedaje en hoteles.
Airbnb defiende que su modelo de negocio permite a miles de anfitriones complementar sus ingresos sin afectar significativamente el mercado inmobiliario. Cifras presentadas por la plataforma indican que el 80% de los anfitriones en la CDMX solo rentan un espacio y que el 78% no depende de este ingreso como su principal fuente económica. Además, aseguran que los alojamientos completos dedicados al alojamiento temporal representan menos del 1% de las viviendas de la capital.
Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en urbanismo han señalado que el crecimiento de plataformas como Airbnb ha contribuido a la gentrificación en zonas de alta demanda, como la Roma, Condesa y Centro Histórico, donde los precios de renta han aumentado significativamente en los últimos años.
Por otro lado, la Ciudad de México enfrenta un déficit habitacional que se ha agravado debido a la reducción del 75% en la construcción de nuevas viviendas entre 2016 y 2022. Mientras Airbnb señala que existen 280,000 viviendas deshabitadas en la capital –diez veces más que las unidades destinadas a rentas turísticas–, críticos de la plataforma argumentan que esto no disminuye su responsabilidad en la transformación del mercado de alquiler.
Airbnb sostiene que ha firmado acuerdos con 19 estados en México para el pago del Impuesto sobre el Hospedaje y que ha contribuido con más de 650 millones de pesos en este rubro en la CDMX, sin embargo, no menciona que el costo de dichos impuestos se traslada a los usuarios en el cobro final de su estancia. Por lo que son los usuarios quienes realmente absorben ese gasto, al cual se deben sumar las tarifas de la plataforma, lo que encarece la estancia hasta en un 200% en algunos casos.
Además, la plataforma se ha visto envuelta en conflictos regulatorios en varias partes del mundo. Gobiernos locales han tratado de establecer controles para evitar que la oferta de vivienda a largo plazo se vea comprometida por el crecimiento del mercado turístico digital.
El amparo interpuesto por Airbnb en la Ciudad de México forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para evitar regulaciones que afecten su modelo de negocio. Mientras la empresa insiste en la necesidad de reglas más flexibles, el debate sobre el impacto de las plataformas de hospedaje en la crisis de vivienda sigue abierto.
Por ahora, la resolución del amparo determinará si la regulación vigente se mantiene o si la CDMX deberá replantear su estrategia para equilibrar la oferta turística con la necesidad de vivienda accesible para sus habitantes.
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