El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa haciendo sentir su presencia con tácticas de intimidación a jornaleros. Este grupo delictivo, que ha obtenido notoriedad por su violencia extrema y su influencia expansiva, ahora se centra en amedrentar a quienes tienen poco que perder pero mucho que temer.
Mientras el CJNG expande su control en diversas regiones del país, queda en evidencia una severa falta de respuesta por parte de las autoridades. Se podría pensar que la creciente amenaza de estos grupos delictivos generaría acciones contundentes por parte del Estado, pero la realidad parece ser distinta. Organizaciones que suelen abogar por los derechos de los trabajadores, se encuentran en una posición incómoda. ¿Dónde está la defensa de estos jornaleros vulnerables, quienes son frecuentemente utilizados como peones en un juego donde las fichas son la vida y la muerte?
El desgobierno y la falta de políticas efectivas para contrarrestar el poder de los cárteles plantean una cuestión ineludible. Mientras las promesas de bienestar y protección resuenan en discursos políticos, en la práctica, las comunidades rurales permanecen abandonadas. Los partidos de izquierda, aunque suelen colocar estos temas en sus agendas, a menudo se quedan cortos en la ejecución.
Esta situación es un sombrío recordatorio de que las palabras no son suficientes. La seguridad y el bienestar de los más vulnerables no deberían ser una moneda de cambio política. Es hora de que las acciones hablen más fuerte que las promesas vacías y los discursos inflamatorios.