Este domingo, comienza una histórica campaña electoral en México, donde más de 3,400 personas compiten por cargos dentro del Poder Judicial, incluidos 9 asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este proceso marca las primeras elecciones populares para el sistema judicial mexicano, desarrollándose en un entorno donde la violencia política y la independencia judicial son motivo de preocupación.
Entre las figuras que se lanzan a la contienda están las actuales ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Ellas buscan renovar sus posiciones en la SCJN, conforme a la reforma constitucional presentada durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma tiene como objetivo la renovación del Poder Judicial de la Federación a través de elecciones populares que abarcan la Suprema Corte, tribunales electorales, y nuevas instancias como el Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha puesto en marcha un proceso que contempla a 3,422 candidatos durante los 60 días que durará la campaña. En la elección programada para el 1 de junio, se decidirán 881 cargos federales, con más de 100 millones de votantes convocados. En el ámbito de la SCJN, se renovarán nueve de los 11 puestos de ministros, con una distribución de cinco mujeres y cuatro hombres entre 64 aspirantes. Las ministras Esquivel, Ortiz y Batres inician sus respectivas campañas en distintas localidades de la Ciudad de México.
Adicionalmente, el proceso abarca la elección de cinco miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, dos para la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 para salas regionales, junto con 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
El INE ha delineado reglas de campaña específicas, prohibiendo la compra de espacios publicitarios en medios. Los candidatos podrán realizar recorridos, eventos presenciales y utilizar redes sociales de manera orgánica. El proceso electoral contará con más de 84,000 casillas y 1.5 millones de funcionarios electorales. Además, se han establecido topes de gasto: 1.47 millones de pesos (aproximadamente 73,442 dólares) para las candidatas a ministras, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral.
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