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La comunidad estudiantil de la Prepa TecMilenio, campus Las Torres, se encuentra en estado de indignación tras la denuncia de un presunto caso de abuso sexual en sus instalaciones. Los hechos, que habrían ocurrido el pasado 11 de marzo, fueron expuestos en redes sociales por alumnos que exigieron justicia para la víctima.
Según versiones de estudiantes, un alumno de 16 años habría sido sometido en los baños del plantel por cinco compañeros, quienes presuntamente cometieron actos de violencia sexual en su contra. La víctima, que padece Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), habría reaccionado en defensa propia, lo que resultó en su suspensión por parte de la escuela.
El manejo de la situación por parte de la dirección provocó que, el viernes 14 de marzo, estudiantes del plantel organizaran una protesta en la entrada del campus, denunciando la falta de acción de las autoridades escolares y exigiendo justicia. En redes sociales circularon imágenes del lugar donde presuntamente ocurrió la agresión, aumentando la presión social para esclarecer el caso.
Ante la magnitud del escándalo, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al plantel para investigar, aunque en un primer momento se les negó el acceso. Más tarde, la institución emitió un comunicado donde aseguró estar cooperando con las autoridades y pidió a los padres de los involucrados presentar las denuncias correspondientes.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se pronunció sobre el caso en sus redes sociales, afirmando que su administración dará seguimiento a la investigación y garantizando que no se protegerá a ningún agresor en caso de comprobarse el delito.
En respuesta a la tensión generada, TecMilenio determinó que las clases continuarían en modalidad virtual hasta nuevo aviso. Sin embargo, el malestar entre alumnos y padres de familia persistió. El 18 de marzo, la institución organizó reuniones con los tutores, pero los citó en grupos reducidos, lo que provocó molestia entre los asistentes al considerarlo una estrategia para minimizar el impacto de sus exigencias.
Padres de estudiantes exigieron la expulsión inmediata de los cinco presuntos agresores, pero las autoridades del plantel indicaron que esperarían el resultado de la investigación oficial antes de tomar una decisión. Esto aumentó la inconformidad de la comunidad, que reclama medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los alumnos.
El caso sigue en proceso de investigación y ha generado un fuerte debate sobre la respuesta de las instituciones educativas ante situaciones de violencia. En el campus, alumnos han dejado mensajes de protesta en los muros del plantel, exigiendo justicia y una respuesta contundente por parte de la administración.
A medida que avanza la indagatoria, crece la expectativa sobre la resolución del caso y la responsabilidad de la escuela en la protección de sus estudiantes. La comunidad espera que las autoridades actúen con transparencia y justicia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
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