El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha solicitado a Claudia Sheinbaum, en su calidad de comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, que destituya al general brigadier Miguel Ángel Ramírez. Según el comité, el historial del general, relacionado con presuntas violaciones a los derechos humanos, lo descalifica para liderar tropas en Tamaulipas.
Raymundo Ramos, coordinador del comité, destacó en una entrevista que el militar tiene investigaciones abiertas tanto en el ámbito militar como en el federal, y subrayó que "no puede ser un buen ejemplo para la tropa".
Ramos también hizo un llamado para que se aborden cuestiones sobre la militarización y posibles abusos por parte de las fuerzas armadas durante la administración actual, sugiriendo que es esencial establecer mecanismos de supervisión efectivos sobre las tropas desplegadas en el país.
Esta petición surge tras una sentencia de 40 años y nueve meses de prisión para cuatro militares responsables de ejecutar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo en febrero de 2023. Ramos enfatizó que este fallo debe verse como un acto de justicia y como una oportunidad para rectificar prácticas internas dentro de las fuerzas armadas.
El activista señaló que ha sido objeto de amenazas en redes sociales vinculado a la sentencia, provenientes de perfiles relacionados con las fuerzas armadas y familiares de militares y policías. Además, criticó que se sigue criminalizando a las víctimas y sus familias, exigiendo una disculpa pública del comandante del Décimo Regimiento de Caballería Motorizado.
Ramos hizo hincapié en que, aunque la sentencia es relevante, no aborda la impunidad estructural en casos de violencia militar en la región. Mencionó que existen investigaciones detenidas sobre incidentes similares, como el asesinato de una niña y de una enfermera, así como la desaparición de un joven.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha insistido en la necesidad de transparencia en los informes de salud mental de los militares y en las investigaciones internas del Ejército, reclamando sanciones no solo para los ejecutores, sino también para la cadena de mando. Además, Ramos expresó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha proporcionado la reparación integral que recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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