La reciente promulgación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha generado controversia, especialmente tras la disolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Esta nueva legislación introduce restricciones que, según ciertos analistas, podrían obstaculizar el acceso a datos esenciales sobre la gestión gubernamental y posibles actos de corrupción.
José Mario de la Garza Martins, coordinador en Proyecto Justicia Común, ha destacado dos aspectos principales en los que esta ley impacta directamente. Por un lado, la reserva de información sobre corrupción solo es permitida si los casos están "acreditados". Esto significa que investigadores y ciudadanos no tendrán acceso a información sobre casos en curso ni sobre funcionarios investigados hasta que haya sanciones definitivas.
De la Garza Martins advierte que esto podría tener un efecto disuasorio en la labor investigativa, limitando el escrutinio público sobre figuras políticas y administrativas hasta etapas muy avanzadas de un proceso judicial.
Otro punto de preocupación es la transferencia de funciones del INAI a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, una entidad del Ejecutivo. Según De la Garza, este movimiento podría generar conflictos de interés, dado que la decisión de divulgar información recaerá en un organismo vinculado al Ejecutivo.
La nueva legislación también introduce criterios que permiten clasificar más información como "secreta", especialmente en temas relacionados con la seguridad nacional e infraestructura del gobierno. Esto incluye potencialmente proyectos de obras públicas, que ahora podrían ser considerados temas de seguridad nacional, limitando aún más el acceso público.
Ante estas reformas, Proyecto Justicia Común ha iniciado una estrategia de litigio. Buscan convocar a periodistas y organizaciones civiles para presentar una demanda de amparo colectivo, argumentando la inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley. Este tipo de amparo se perfila como una de las pocas alternativas legales para desafiar los cambios, aunque las reformas recientes a la ley de amparo también han impuesto limitaciones, reduciendo el alcance de las protecciones judiciales para derechos colectivos.
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