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Después de que la Cámara de Diputados enviara al Senado la iniciativa de reforma que modifica la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámra Alta, anunció que la discusión de dicha minuta se daría el jueves. La iniciativa, impulsada por el grupo mayoritario, introduce cambios en el uso de los créditos del Infonavit y establece nuevas disposiciones para garantizar la transparencia en su administración.
El dictamen permite que los trabajadores utilicen sus créditos no solo para la compra de vivienda nueva o usada, sino también para la autoconstrucción, remodelación e incluso la compra de suelo, con la finalidad de ofrecer alternativas más flexibles de acceso a vivienda. Asimismo, se propone incentivar a desarrolladores para que construyan viviendas en zonas con acceso a servicios básicos y transporte público.
Además, la reforma impone nuevas obligaciones a los empleadores, quienes deberán garantizar el cumplimiento de sus aportaciones al Infonavit. También se establecen esquemas de financiamiento y subsidios dirigidos a trabajadores con menores ingresos, buscando facilitar su acceso a una vivienda digna. La iniciativa fue defendida por el oficialismo bajo el argumento de que la vivienda debe ser un derecho garantizado y no un privilegio.
La reforma al Infonavit generó un intenso debate en la Cámara de Diputados, con la oposición denunciando riesgos de opacidad y desvío de recursos, mientras que el dictamen aprobado resalta mecanismos de transparencia y ampliación del acceso a la vivienda.
Uno de los principales argumentos en contra de la reforma, impulsado por legisladores del PAN y el PRI, es que la iniciativa busca transferir 2.4 billones de pesos del Infonavit a una nueva empresa gubernamental que operará bajo la figura de Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.). De acuerdo las bancadas, esta estructura impide que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalice directamente los recursos, generando un posible espacio para la corrupción.
Aunque el dictamen establece explícitamente que la ASF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrán facultades para supervisar el uso de los fondos, el argmento de las bancadas de oposición se sostiene en que, al no ser una paraestatal, la empresa podría estar sujeta a un control menos estricto que el actual modelo del Infonavit.
Otra de las preocupaciones presentadas en la discusión es que la reforma concentra los recursos bajo control gubernamental sin garantías claras sobre su administración. El diputado Miguel Ángel Salim (PAN) calificó la propuesta como un "saqueo" de los ahorros de los trabajadores, mientras que el PRI advirtió que las aportaciones de patrones y empleados podrían ser desviadas o mal gestionadas.
El dictamen justifica la reforma con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda con un enfoque social, permitiendo que los créditos no solo se usen para la compra de casas, sino también para autoconstrucción y remodelación. No obstante, el documento no especifica con precisión los mecanismos de control para evitar posibles irregularidades en la administración de estos nuevos esquemas financieros.
Un tercer punto de crítica se centra en el impacto que la reforma podría tener en la autonomía de los trabajadores sobre sus aportaciones y la posible burocratización de los créditos. El diputado priista Erubiel Alonso sostuvo que los cambios generarán inseguridad jurídica y afectarán la estabilidad financiera de los derechohabientes.
Por su parte, el dictamen defiende que la reforma ampliará las opciones de vivienda y mejorará las condiciones de financiamiento para los trabajadores de menores ingresos. También plantea incentivos para desarrolladores de vivienda social. Sin embargo, no detalla cómo se agilizarán los trámites para evitar que los créditos se retrasen o se obstaculicen por procesos burocráticos.
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