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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado su intención de investigar a fondo la implicación de políticos mexicanos en el narcotráfico. Durante una entrevista con The Spectator, el periodista Ben Domenech le preguntó si buscaría la rendición de cuentas de funcionarios corruptos involucrados en la trata de personas y el tráfico de fentanilo. Trump respondió afirmativamente y, cuando se le cuestionó si esto incluiría a políticos mexicanos, afirmó que "ciertamente recomendaría que se les investigue", dejando la decisión en manos de la fiscal general Pam Bondi.
Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un momento de tensión entre ambos países en materia de seguridad y combate al crimen organizado. El gobierno de Trump ha mantenido una postura firme contra los cárteles de la droga, a los que ha catalogado como grupos terroristas, y ha insistido en la necesidad de que México intensifique su lucha contra el narcotráfico. Esta postura ha generado preocupación en el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca mantener una relación diplomática estable con la Casa Blanca mientras enfrenta la creciente presión de Washington.
Uno de los puntos más polémicos de la entrevista con The Spectator fue la ambigüedad de Trump ante la posibilidad de una intervención en México. Cuando se le preguntó directamente sobre esta opción, evitó dar una respuesta clara y comentó que prefería no hacerlo, ya que cualquier declaración al respecto podría generar un desastre político y diplomático. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas, y muchos analistas consideran que esta ambigüedad podría ser una estrategia para mantener la presión sobre el gobierno mexicano.
El tema de la cooperación en seguridad entre ambos países ha estado en el centro del debate en los últimos días. Un día antes de la publicación de la entrevista, altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum viajaron a Washington para reunirse con miembros del gabinete de seguridad de Trump y discutir estrategias conjuntas contra el narcotráfico. Entre los representantes mexicanos estuvieron Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República. La reunión se enfocó en los esfuerzos de México para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y en la posible implementación de aranceles a productos mexicanos, una medida que Trump ha considerado como una forma de presión para que el gobierno mexicano refuerce sus operativos contra los cárteles.
Como parte de las acciones en materia de seguridad, el gobierno mexicano confirmó la extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses. La Casa Blanca calificó esta acción como un logro derivado de su estrategia de negociación desde la fuerza y una muestra de que la presión ejercida sobre México está dando resultados.
En un comunicado oficial, la fiscal general Pam Bondi aseguró que los extraditados enfrentan múltiples cargos en diversas cortes estadounidenses, incluyendo delitos de crimen organizado, tráfico de drogas, asesinato, uso ilegal de armas de fuego y lavado de dinero. En el mismo documento, el fiscal general adjunto interino Emil Bove respaldó la postura de la administración Trump y afirmó que estas extradiciones reflejan la determinación de Estados Unidos para desmantelar las redes criminales transnacionales.
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