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El pasado domingo 13 de abril de 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado titulado “Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU”, en el que reconoce la persistencia del fenómeno de las desapariciones en el país, pero rechaza que estas constituyan una política de Estado como ocurrió durante el periodo conocido como la “Guerra Sucia” (1951-1990).
En el documento, la CNDH sostiene tres puntos principales: que la mayoría de los casos actuales corresponden a desapariciones cometidas por la delincuencia organizada, no por agentes del Estado; que las desapariciones forzadas han sido responsabilidad principalmente de autoridades estatales o municipales, y no federales; y que, a diferencia del pasado, estas no son el resultado de una política gubernamental sistemática.
Este posicionamiento surge días después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reiterara su preocupación por la dimensión del problema en México y señalara la participación —por acción u omisión— de autoridades de todos los niveles en estos crímenes. En este contexto, El Cuarto realizó una verificación exhaustiva de las afirmaciones de la CNDH a partir de datos oficiales, reportes de organismos internacionales, investigaciones académicas y documentos históricos. El análisis muestra que las declaraciones de la institución omiten información relevante, distorsionan datos disponibles y minimizan la responsabilidad del Estado mexicano en la crisis de desapariciones.
Afirmación: En la mayoría de los casos de desaparición no hay servidores públicos involucrados directamente.
Calificación: Engañosa
La afirmación minimiza de manera injustificada la responsabilidad del Estado en la crisis de desapariciones. Si bien los datos de agosto de 2023 indicaban solo 766 casos registrados como desaparición forzada —lo que representa menos del 1% de las más de 113,000 personas desaparecidas y no localizadas— esta cifra se basa únicamente en los casos donde el Estado ha reconocido formalmente su participación. Esto introduce un sesgo significativo desde el origen del dato, pues no refleja la magnitud real de la implicación estatal.
Además, la impunidad masiva es la principal barrera para identificar responsabilidades. Según el informe de Impunidad Cero, entre 2006 y 2022 el nivel de impunidad para delitos de desaparición forzada a nivel federal fue del 98%, y del 100% para desaparición cometida por particulares. Datos publicados por Animal Político, muestran que entre 2014 y 2023 solo hubo 373 sentencias condenatorias frente a 66,000 desapariciones registradas. Esta falta sistemática de sanción impide conocer a los responsables reales.
Por otro lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha señalado que la colusión entre autoridades y el crimen organizado es un factor estructural que favorece la continuidad de las desapariciones. La falta de investigaciones independientes, sumada a la negativa a reconocer posibles responsabilidades estatales, mantiene invisibilizada la participación de agentes públicos.
Finalmente, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas (2017) obliga a las autoridades a investigar de oficio cuando hay indicios de desaparición forzada. La omisión sistemática en cumplir con este mandato legal puede entenderse como una forma de encubrimiento o aquiescencia.
Afirmación: Los responsables de estos delitos son principalmente personas relacionadas con el crimen organizado. En los casos donde pudiera existir responsabilidad de funcionarios, se trata principalmente de autoridades estatales o municipales, no federales.
Calificación: Falsa
La evidencia disponible contradice esta afirmación. La propia CNDH ha emitido numerosas Recomendaciones por desaparición forzada dirigidas a instancias federales, incluyendo la SEDENA, la SEMAR, la extinta Policía Federal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). Esta trayectoria institucional demuestra que la participación de autoridades federales ha sido reconocida por el propio organismo que ahora parece minimizarla.
A ello se suma la documentación de medios y organizaciones especializadas. Por ejemplo, el portal "A dónde van los desaparecidos" ha registrado sentencias condenatorias contra militares y agentes federales, además de policías locales. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) también ha reconocido casos en que la responsabilidad federal está presente, ya sea por participación directa o por omisión.
Asimismo, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha reiterado que la implicación de agentes estatales ocurre en todos los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Por tanto, afirmar que la responsabilidad está circunscrita a autoridades locales contradice la evidencia documentada tanto a nivel nacional como internacional.
Afirmación: No pueden equipararse a una política de Estado, pues carecen de la escala, la estructura jerárquica y el respaldo institucional que caracterizaron al periodo histórico mencionado (la Guerra Sucia).
Calificación: Engañosa
La comparación es problemática y engañosa por varios motivos. En primer lugar, la escala actual del fenómeno es significativamente mayor: las más de 115,000 desapariciones reportadas en el Registro Nacional superan por mucho las cifras estimadas para la Guerra Sucia (entre 1,200 y 2,600 casos). Incluso si solo una fracción de los casos actuales implicara responsabilidad estatal directa, el número absoluto de víctimas bajo responsabilidad del Estado podría ser mucho mayor que en el pasado.
En segundo lugar, aunque el modus operandi y la estructura de mando actual difieren de la represión política centralizada del siglo XX, ello no exime al Estado de su responsabilidad. La violencia contemporánea es más fragmentada, pero operan patrones de omisión, tolerancia o encubrimiento por parte de las autoridades, lo cual también configura responsabilidad institucional.
Finalmente, el argumento sobre la falta de respaldo institucional es el más débil. La impunidad cercana al 100%, la inacción estructural, la falta de avances sustanciales en políticas públicas y la ausencia de rendición de cuentas constituyen, en conjunto, una forma de respaldo institucional por omisión. El Comité de la ONU ha señalado esta falla estructural del Estado mexicano como una de las causas principales de la continuidad de las desapariciones.
