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En los últimos tiempos, hemos sido testigos de una serie de incidentes que ponen en entredicho los "logros" del feminismo y la confianza ciega que se le ha dado a cualquier mujer que afirma ser víctima de violencia de género. Casos como el de "Lady Uber", donde una mujer amenazó con acusar falsamente de acoso a un conductor en la Ciudad de México, han generado una profunda preocupación en la sociedad y han puesto al centro de la discusión el tema de las denuncias falsas.
En este incidente, la pasajera, al solicitarle que se bajara del vehículo, debido a su comportamiento agresivo, intentó intimidar al conductor afirmando que lo denunciaría por acoso. Es más, incluso en una parte del metraje que se viralizó en redes sociales, se puede observar cómo la pasajera hizo una llamada a las autoridades, para reportar que era víctima de acoso por parte del conductor.
Ahora, lo importante es entender que este tipo de situaciones no son aisladas. En 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el 90% de las llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres eran falsas. Aunque esta declaración fue controvertida y generó críticas por parte de diversos sectores, es el último reconocimiento oficial por parte de una autoridad sobre la problemática.
El problema llega a otra escala, cuando incluso se presentan circunstancias donde las propias autoridades están inmiscuidas en la fabricación de denuncias falsas, como es el caso de la abogada Ana Katiria "N". Una mujer que se encuentra bajo investigación por ser la presunta lideresa de una red de extorsión que fabricaba denuncias falsas contra padres de familia, con el objetivo de obtener acuerdos millonarios en divorcios. Según las investigaciones, se alega que, junto con su equipo legal y funcionarios públicos en activo, manipulaba dictámenes psicológicos y tergiversaba historias para presentar acusaciones de violencia familiar y abuso sexual.
Por último, la esfera de la sociedad civil tampoco se escapa de este cáncer. Prueba de ello está en Puebla, con el caso de Sheridan "N", vocera del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios, quien fue reportada como desaparecida el 26 de diciembre de 2024, supuestamente con nueve meses de embarazo. Sin embargo, tras ser localizada, la Fiscalía informó que no presentaba signos de embarazo ni de haber dado a luz recientemente, con lo cual quedaba en claro que había fingido su embarazo.
Sin embargo, la historia de Sheridan no termina aquí. Una vez que se reveló ante medios que su embarazo era falso, el joven de 22 años que había sido hostigado por Sheridan para "hacerse cargo" salió a la luz a revelar que iniciaría un proceso en contra de ella. Posterior a esto, salieron más padres de familia afectados por la organización que encabezaba esta mujer, acompañados por excompañeras de la lideresa, quienes confirmaron que cobraba para hostigar digitalmente a padres de familia, a través de las redes de su organización, por lo que revelaron que también presentarían denuncias en su contra por ciberacoso.
Todos estos casos son meros ejemplos de una realidad que ya es innegable: las denuncias falsas existen y se han convertido en un negocio. Abogados, jueces, colectivos, activistas, políticos, todos ganan a costa de los miles de hombres que hoy pagan una condena por crímenes que no cometieron. Razón por la cual es imperativo que nuestro marco legal contemple mecanismos eficaces para prevenir, identificar y sancionar estas denuncias sin fundamento.
Algunas propuestas abarcan: quitarle la cédula profesional a los abogados que se involucren en denuncias falsas, ya sea de manera consciente e inconsciente, por ser una mala praxis jurídica que debe ser sancionada. A su vez, es necesario que la falsa denuncia se persiga de oficio, y que se sancione con la misma penalidad con la cual se hubiera castigado a la persona falsamente denunciada. Finalmente, deben surgir leyes para impedir el hostigamiento digital por el cual cobran muchas de estas organizaciones feministas, como mecanismo para ejercer presión en los tomadores de decisiones.
En conclusión, la aparición de casos de denuncias falsas es un llamado de atención sobre las deficiencias en nuestro sistema jurídico que permiten y, en ocasiones, fomentan este tipo de conductas. Es responsabilidad de todos, desde las autoridades hasta la sociedad civil, trabajar en conjunto para fortalecer un sistema que sea justo, equitativo y, sobre todo, que proteja a quienes verdaderamente lo necesitan, sin dejar espacio para la impunidad de quienes buscan manipular la justicia con fines personales o económicos.
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